Los asesores lingüísticos piden mejoras en su situación laboral
Trabajan en los tres centros bilingües acogidos al convenio con el British Council
Mayte Rodríguez/ÁvilaLos asesores lingüísticos que trabajan en los centros educativos bilingües acogidos al convenio entre el British Council, la Junta de Castilla y León y el Ministerio de Educación confían en ver al fin mejoradas sus condiciones laborales después de que el Procurador del Común haya emitido una resolución favorable a las demandas de este colectivo, que dice sentirse «discriminado» en Castilla y León, donde trabajan 80 personas bajo esa figura. A falta de que la Consejería de Educación acepte el contenido de esa resolución, el Defensor del Pueblo de Castilla y León le insta a «retribuir a los asesores lingüísticos contratados al amparo del Convenio MEC-British Council en condiciones de igualdad con el profesorado interino del nivel educativo correspondiente», que es la principal reivindicación de este colectivo profesional, formado en la provincia de Ávila por una docena de personas que trabajan en los colegios públicos Comuneros de Castilla de Ávila y La Moraña de Arévalo, así como en el instituto Vasco de la Zarza de la capital abulense.
Pese a que las tareas que desempeñan en el aula los asesores lingüísticos «son las mismas que realizan los profesores de inglés», con «horarios idénticos a los del resto de docentes, las mismas funciones y la misma carga lectiva», el salario que perciben es «entre un 20 y un 40% inferior que los asesores lingüísticos que trabajan en otras regiones» a pesar de que cuando se firmó el convenio entre el Ministerio de Educación y el British Council «en el año 1996» se garantizó que todos los profesionales iban a tener las mismas condiciones laborales con independencia de la región en la que se trabajara, pero no ha sido así, según denuncian los afectados, que añaden que «ésta es la única comunidad que no ha adaptado la figura del asesor lingüístico a la realidad», de manera que «legalmente no existimos» porque esta figura no está incluida en las categorías profesionales del Convenio Colectivo de personal laboral al servicio de la Administración General de la comunidad autónoma de Castilla y León, por lo que el Procurador del Común insta a la Consejería de Educación a que reconozca a los asesores lingüísticos como personal laboral docente e impulse la inclusión de esta categoría en el convenio colectivo con el mismo tratamiento que ya poseen los profesores de religión.
Precisamente, el colectivo ha recibido la resolución del Procurador del Común con gran satisfacción porque supone «un espaldarazo a las reivindicaciones que llevamos ya muchos años planteando sin que nadie nos haya hecho ningún caso». En este sentido, consideran que a partir de ahora disponen de «una base legal» que sustenta sus peticiones y están dispuestos a «ir a por todas», lo que también incluye «emprender acciones legales», aunque admiten que «en principio no es nuestra intención porque preferiríamos que la Consejería de Educación nos incluyera en el próximo convenio colectivo», explican fuentes de los asesores lingüísticos.
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Pese a que las tareas que desempeñan en el aula los asesores lingüísticos «son las mismas que realizan los profesores de inglés», con «horarios idénticos a los del resto de docentes, las mismas funciones y la misma carga lectiva», el salario que perciben es «entre un 20 y un 40% inferior que los asesores lingüísticos que trabajan en otras regiones» a pesar de que cuando se firmó el convenio entre el Ministerio de Educación y el British Council «en el año 1996» se garantizó que todos los profesionales iban a tener las mismas condiciones laborales con independencia de la región en la que se trabajara, pero no ha sido así, según denuncian los afectados, que añaden que «ésta es la única comunidad que no ha adaptado la figura del asesor lingüístico a la realidad», de manera que «legalmente no existimos» porque esta figura no está incluida en las categorías profesionales del Convenio Colectivo de personal laboral al servicio de la Administración General de la comunidad autónoma de Castilla y León, por lo que el Procurador del Común insta a la Consejería de Educación a que reconozca a los asesores lingüísticos como personal laboral docente e impulse la inclusión de esta categoría en el convenio colectivo con el mismo tratamiento que ya poseen los profesores de religión.
Precisamente, el colectivo ha recibido la resolución del Procurador del Común con gran satisfacción porque supone «un espaldarazo a las reivindicaciones que llevamos ya muchos años planteando sin que nadie nos haya hecho ningún caso». En este sentido, consideran que a partir de ahora disponen de «una base legal» que sustenta sus peticiones y están dispuestos a «ir a por todas», lo que también incluye «emprender acciones legales», aunque admiten que «en principio no es nuestra intención porque preferiríamos que la Consejería de Educación nos incluyera en el próximo convenio colectivo», explican fuentes de los asesores lingüísticos.
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